Conferencia de Prensa por los hechos del Parque Indoamericano.

El día martes 23 de agosto se llevó adelante una conferencia de prensa en el recuperado “Hotel Bauen”, en razón de la reapertura de la causa de “usurpación” por la toma del Parque Indoamericano, seguida contra Luciano “El Tano” Nardulli (Corriente Clasista y Combativa), Diosnel Pérez (Frente Popular Darío Santillán), Mónica Ruejas y “Pitu” Salvatierra. Todos ellos son  los únicos imputados en la causa que investiga la supuesta usurpación del Parque Indoamericano, pese al reconocimiento de los fiscales de que, de los hechos, han participado más de 1500 personas, lo que deriva en un claro derecho penal de autor y una persecución política.

En la conferencia de prensa, Diosnel Pérez responsabilizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Gobierno Nacional por la represión y los asesinatos.

El “Tano” Nardulli sostuvo que el problema de la tierra para vivir y para trabajar data desde la colonización, momento a partir del cual los verdaderos dueños de la tierra, los pueblos originarios, comenzaron a ser masacrados y expulsados de su pachamama. Sostuvo que eso se mantuvo hasta nuestros días, donde la extranjerización de la tierra y el latifundio impiden que miles y miles carezcan de un pedazo de tierra para vivir o para trabajar. Sostuvo que la máxima expresión de la lucha por la tierra la están llevando a cabo ahora los jujeños. Además, denunció la complicidad entre la PFA y la Policía Metropolitana que reprimieron violentamente a los manifestantes del predio del Indoamericano. Por otro lado señaló la responsabilidad de los dos gobiernos, nacional y local, en la represión y los asesinatos del Indoamericano, así como en el incumplimiento de la promesa de un plan de viviendas populares a los que, tanto Cristina como Macri, habían acordado realizar”.

Finalmente, luego de haber llegado casi media hora tarde el Pitu Salvatierra sostuvo que él no iba a responsabilizar al Gobierno Nacional por lo sucedido y que se iba a limitar a referirse a la reapertura de la causa por usurpación. En este sentido, llamó a la unidad de las distintas fuerzas, para evitar que se criminalice la protesta.

También tomó la palabra la esposa de Canaviri, uno de los asesinados en la represión del Indoamericano, denunciando al Juez de Instrucción Otero, que se negó a tomar declaración indagatoria al sospechoso, pese a existir pruebas contundentes de que esa persona fue quien disparó contra su marido. Afirmó que su esposo murió por reclama por un derecho justo: el de la vivienda digna. Y afirmó que seguirá luchando contra la impunidad y por tierra y vivienda.

Se convocó a que el 5 de septiembre, momento en que será indagados Luciano Nardulli y Diosnel Pérez, todas las fuerzas vayan a la puerta de la Fiscalía a protestar contra la persecución judicial que la reactivación de la causa implica.

Adhirieron, entre otras organizaciones y personalidades, La Corriente de Abogados Mariano Moreno, Liberpueblo, PCR-PTP, Diana Kordon, Estudiantes y Abogados al Servicio del Pueblo (Asesorías Jurídicas de La Corriente), CCC Sudoeste, FPDS, ASIJ, 14 bis, CELS, MST, CTA Capital, entre muchas otras organizaciones y partidos políticos.

Detienen a un abogado que defendía los derechos de pueblos originarios.

La mañana del jueves 18 de agosto fue detenido el abogado Daniel Cabrera, del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI). El abogado acompañaba a las cerca de 150 familias que ocuparon viviendas en los barrios San Cayetano y San Martín de esa localidad. Las familias habían sido amenazadas por la policía la noche del martes. Hasta las 10 de la mañana de hoy el abogado Cabrera continuaba detenido en la Unidad Policial Nº4 de Las Lomitas

“Para nosotros la situación es muy grave, ya que según la Constitución provincial un abogado goza de inmunidad para el ejercicio de su profesión, cuestión que no se respetó en este caso, considerando que Daniel estaba actuando como representante de las familias campesinas y wichís”, señaló Gabriel Alcaráz, abogado del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI).Si bien se desconocen las circunstancias precisas de la detención del abogado Daniel Cabrera, se sabe que su arresto se efectuó bajo el cargo de instigación a cometer delito, y fue llevado a la Unidad Policial Nº 4 de Las Lomitas donde continuaba detenido.

“Esto demuestra una vez más lo que ha sido una constante en el discurso de las autoridades de Formosa y de algunos medios de prensa provincial, que desacreditan las demandas de los campesinos y los indígenas, y atribuyen sus reclamos únicamente a la acción de lo que ellos llaman instigadores, que son las ONGs o personas que trabajamos en la zona”, señaló Gabriel Alcaráz. “Con esto no se hace más que negar los reclamos de las organizaciones”, indicó.

El jueves 18 de agosto las familias temían un desalojo violento de las viviendas que habían ocupado el pasado fin de semana. El temor derivaba del movimiento de un contingente de policía antimotines en las cercanías de los barrios ocupados y de las amenazas recibidas la noche del martes, cuando cerca de veinte funcionarios policiales conminaron a las familias a abandonar las viviendas, registrándose algunos altercados. Ya la noche del martes, el abogado Daniel Cabrera había denunciado amenazas telefónicas contra su persona, presumiblemente realizadas por funcionarios policiales.

Estos hechos ocurren luego que el sábado 13 de agosto un grupo de de cerca de 150 familias campesinas y wichís, ocuparan en viviendas de los barrios San Cayetano y San Martín, de la localidad de Ingeniero Juárez, distante unos 500 kilómetros de la capital formoseña. Se trata de viviendas construidas por el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) que se encuentran deshabitadas y sin terminar desde hace cerca de 18 años. “Un agravante es que hay cerca de 25 viviendas que están habitadas por familias de policías, médicos y otros funcionarios, y nunca se les pidió cuentas a ellos por esa ocupación irregular, nunca fueron desalojados a pesar que el destino de esas viviendas es para la gente que no tiene, como las familias campesinas e indígenas, por eso se decidió ocuparlas”, indicaba el 18 de agosto por la mañana, antes de su detención, el abogado Daniel Cabrera de SERVIJUPI.